| CORTE SUPREMA ACOGE RECURSO DE COMUNIDAD INDÍGENA Y ORDENA HACER CONSULTA SEGÚN CONVENIO 169 DE LA OIT | |
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La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una comunidad indígena y ordena aplicar la consulta, prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para proyectos de desarrollo.
En fallo unánime (en causa rol 258-2011), los ministros de la Tercera Sala Pedro Pierry, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Jorge Lagos y Ricardo Peralta, ordenaron a la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta realizar la consulta a las comunidades indígenas en el proyecto de modificación del plano regulador de San Pedro de Atacama.
"Se acoge el recurso de protección presentado en lo principal de fojas 18, declarándose que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 275/2010 de 15 de septiembre de 2010 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, por lo que el proyecto de "Actualización Plan Regulador San Pedro de Atacama" deberá someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 se rija por los estándares del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales", dice la resolución del máximo tribunal que revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había rechazado la acción cautelar.
La resolución del máximo tribunal determina que se produjo arbitrariedad por parte de la Corema de Antofagasta al no realizar la consulta especial a las comunidades indígenas y solo desplegar información a la comunidad de manera general.
"Desplegar información no constituye un acto de consulta a los afectados, pues éstos, en ese escenario, no tienen posibilidades reales de influir en la nueva planificación territorial del lugar donde están localizados, cuya gestación, en la especie, habría tenido en miras la protección de los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Es decir, la autoridad administrativa recurrida aspira a allanar las dificultades que están experimentando las comunidades indígenas atacameñas provocadas por las nuevas condiciones de vida y de trabajo que les impone el vertiginoso desarrollo del área geográfica de San Pedro de Atacama, prescindiendo de la participación y cooperación de éstas (…) En otras palabras, es posible constatar que se ha optado para la elaboración de un instrumento de planificación territorial que atañe a toda una cultura indígena, sin atender a elementos de análisis propios de la realidad por la que se reclama, como son su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones", afirma la resolución.
Y agrega: "Tal proceder deviene en que la Resolución de Calificación Ambiental impugnada, incumple la obligación de fundamentación de los actos administrativos, porque no es fruto de un claro proceso de consulta en el que se hayan tenido en cuenta las aspiraciones y formas de vidas de las comunidades originarias interesadas. Tal carencia torna ilegal la decisión al faltar a un deber de consulta que debía acatar la autoridad por imperativo legal, lo que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el convenio dispone, niega trato de iguales a dichas comunidades indígenas, puesto que la omisión implica no igualar para los efectos de resolver". | |
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| CORTE SUPREMA ACOGE RECURSO DE COMUNIDAD INDÍGENA Y ORDENA HACER CONSULTA SEGÚN CONVENIO 169 DE LA OIT | |
| La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una comunidad indígena y ordena aplicar la consulta, prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para proyectos de desarrollo.
En fallo unánime (en causa rol 258-2011), los ministros de la Tercera Sala Pedro Pierry, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Jorge Lagos y Ricardo Peralta, ordenaron a la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta realizar la consulta a las comunidades indígenas en el proyecto de modificación del plano regulador de San Pedro de Atacama.
"Se acoge el recurso de protección presentado en lo principal de fojas 18, declarándose que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 275/2010 de 15 de septiembre de 2010 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, por lo que el proyecto de "Actualización Plan Regulador San Pedro de Atacama" deberá someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 se rija por los estándares del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales", dice la resolución del máximo tribunal que revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había rechazado la acción cautelar.
La resolución del máximo tribunal determina que se produjo arbitrariedad por parte de la Corema de Antofagasta al no realizar la consulta especial a las comunidades indígenas y solo desplegar información a la comunidad de manera general.
"Desplegar información no constituye un acto de consulta a los afectados, pues éstos, en ese escenario, no tienen posibilidades reales de influir en la nueva planificación territorial del lugar donde están localizados, cuya gestación, en la especie, habría tenido en miras la protección de los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Es decir, la autoridad administrativa recurrida aspira a allanar las dificultades que están experimentando las comunidades indígenas atacameñas provocadas por las nuevas condiciones de vida y de trabajo que les impone el vertiginoso desarrollo del área geográfica de San Pedro de Atacama, prescindiendo de la participación y cooperación de éstas (…) En otras palabras, es posible constatar que se ha optado para la elaboración de un instrumento de planificación territorial que atañe a toda una cultura indígena, sin atender a elementos de análisis propios de la realidad por la que se reclama, como son su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones", afirma la resolución.
Y agrega: "Tal proceder deviene en que la Resolución de Calificación Ambiental impugnada, incumple la obligación de fundamentación de los actos administrativos, porque no es fruto de un claro proceso de consulta en el que se hayan tenido en cuenta las aspiraciones y formas de vidas de las comunidades originarias interesadas. Tal carencia torna ilegal la decisión al faltar a un deber de consulta que debía acatar la autoridad por imperativo legal, lo que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el convenio dispone, niega trato de iguales a dichas comunidades indígenas, puesto que la omisión implica no igualar para los efectos de resolver". | |
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CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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