Organos públicos encargados de promover la innovación: En busca de una política unitaria
Por Felipe Burgos (*).
El Sistema Nacional de Innovación se refiere a la interacción de los diversos sujetos que intervienen en la creación de innovación en un espacio nacional, comprendiendo agentes o instituciones públicos y privados, entiéndase científicos, universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos, personal humano calificado y, por supuesto, el Estado, todos los cuales influyen en la producción y difusión de innovación al interior de un determinado territorio.
En este sentido, resulta que la intervención estatal en esta materia es esencial, máxime si se consideran las múltiples fallas que presenta el mercado de la innovación en nuestro país.
Sin embargo, nos encontramos con que existe una falta de sinergia entre los diversos organismos e instituciones públicas encargadas de promover la innovación.
En efecto, tenemos:
- CORFO, que a través de su comité Innova Chile está encargado de administrar los fondos públicos para fomentar la innovación empresarial a través de las diversas líneas de financiamiento con que cuenta. Por otra parte, se le encarga la administración de la franquicia de la Ley N° 20.241 que establece un Incentivo Tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo.
- CONICYT, encargado básicamente de administrar una serie de fondos públicos para financiar ciencia, investigación y capital humano avanzado.
- FIA, Fondo de Innovación Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, que financia proyectos de innovación en este sector.
- INAPI, que, además de tener a su cargo el registro administrativo de los derechos de propiedad industrial, tiene dentro de sus objetivos difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga, de acuerdo al art. 2 de la Ley N° 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Para cumplir dicho objetivo el Instituto podrá "Obtener, recopilar y clasificar la información sobre patentes y facilitar el acceso a aquella de libre disponibilidad, con el objeto de promover la transferencia de tecnología y la investigación e innovación tecnológica en el país.", según lo dispuesto por en la letra e) del art. 3.
- División de Innovación del Ministerio de Economía, que está encargada de coordinar las diversas políticas públicas pro innovación.
- Finalmente el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), como órgano público-privado que asesora al Presidente de la República en temas relativos a la política nacional de innovación, compuesto por diversos ministros de Estado, por los jefes de varias de las instituciones ya nombradas y por expertos provenientes del ámbito privado.
Nos encontramos, empero, con que las referidas instituciones estatales rara vez actuan de consenso o prestando asesoría unos a otros, lo que tiene como consecuencia que cada organismo lleve a cabo su labor de forma parcelada y aislada en el Sistema Nacional de Innovación, causando desajustes al no haber unanimidad de criterios en ciertas materias.
La instancia que debiese ser común de todas ellas deberías ser el ya señalado CNIC. Pero dicho órgano se reúne en promedio una vez al mes; y en el cual no se integran actores relevantes, como algún miembro del INAPI o del Departamento de Derechos Intelectuales, a pesar de la importancia que se le suele señalar a la propiedad intelectual dentro de un Sistema Nacional de Innovación. Asimismo, el hecho de ser una entidad meramente consultiva –al no estar el CNIC regulado por ley, sino por meros decretos supremos- le resta carácter de órgano oficial encargado de velar por que las políticas de innovación se ejecuten de forma correcta. Lo anterior se agrava tomando en consideración que nuestro país forma parte de la OCDE, la cual ha criticado nuestros precarios índices en esta materia.
Creemos el actual CNIC debiese ser elevado a norma de rango legal, o crearse derechamente un Ministerio de Innovación o Emprendimiento -tal cual fue prometido por la autoridad-, integrando a todos los actores que sean indispensables para lograr una política pública eficaz y eficiente. De esa forma se podrán encauzar de manera correcta los diversos esfuerzos estatales en materia de innovación haciendole más fácil el trabajo a quienes finalmente son los encargados de llevarla a cabo: los privados.
(*) Felipe Burgos es Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción. Recientemente ha publicado el libro "Innovación. Su promoción a través de la Propiedad Intelectual, Subsidios e Incentivos Tributarios".
Fuente:http://bloglegal.bcn.cl/content/view/1096238/Organos-publicos-encargados-de-promover-la-innovacion-En-busca-de-una-politica-unitaria.html
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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