Alejandro Sáez Rojas
Inquietante, es lo que se escucha por los pasillos de la Dirección General de Aguas sobre la disponibilidad de aguas que se encontraron en algunas zonas del país. Aunque las cifras están aún afinándose antes de darse a conocer, ya la autoridad revela que en lugares acuíferos de Copiapó, Huasco y Limarí se entregaron derechos de agua que estaban por encima de la cantidad de recursos existentes en esas zonas. Esto significa que se podría consumir más agua de la que hay.
La nueva administración se encontró con varios problemas. Aparte del sobreotorgamiento de derechos, constató la burocracia que afecta a numerosos usuarios y que impide la realización de proyectos agrícolas o faenas industriales que necesitan contar con derechos (en zonas donde sea posible entregarlos). Así, a abril existían cerca de 9.000 solicitudes en trámite.
El Catastro Público de Aguas está además incompleto. Ese registro lleva información de los derechos otorgados, las obras hidráulicas existentes y los estudios de disponibilidad. Pero en la práctica tiene sólo un bajo porcentaje al día de la información básica con la cual debería contar.
Con ese diagnóstico, el gobierno enfrentará legalmente el tema en dos frentes. Uno, le resta piso al proyecto que eleva a rango constitucional al agua como bien de uso público. Esto lo hará mediante una nota que será remitida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda. El proyecto seguirá su trámite, pero sin el respaldo del Ejecutivo.
Matías Desmadryl, el nuevo director general de Aguas, explica que consideraron que ese proyecto era redundante, que introduce incertidumbre, es confuso y no "cambia en lo más mínimo la administración del recurso".
En segundo lugar, preparan un proyecto que considera varios pilares.
El primero de ellos son políticas de fomento a la producción de aguas. Existen mecanismos técnicos para maximizar este recurso. Uno, por ejemplo, es la desalinización, que ya se emplea en algunas zonas del país.
Segundo, es considerar un desarrrollo y uso sustentable de las aguas. Para ello se prohíbe, por ejemplo, que se constituyan derechos de agua sobre los glaciares: "Hoy día los glaciares no están protegidos respecto de la legislación de las aguas", explica Desmadryl.
Tercero, se elevarán las sanciones penales a quienes extraigan ilegalmente agua. Actualmente, la sanción es de presidio menor en su grado mínimo, lo que aumenta en un grado.
Cuarto, se fomentará que entren en operación las comunidades de aguas subterráneas. Junto con mejorar con ello la gestión del recurso, se incentivará a la instalación de "caudalímetros", o medidores del agua que estén utilizando los pozos de uso particular.
Se mejorarán los sistemas de información, mejorando el flujo de información que entregan los conservadores de bienes raíces sobre los traspasos de derechos de agua cuando ello ocurra.
Saludos,
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