M. Fernández y A. Muñoz Tras cuatro años de tramitación, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad para la enseñanza parvularia, básica y media.
La iniciativa cambia por completo la actual arquitectura de los organismos que dirigen el sistema escolar y redefine las atribuciones del Ministerio de Educación.
La norma aprobada ayer, tuvo su origen en las propuestas del Consejo Asesor de la ex Presidenta Michelle Bachelet, creado a raíz de las manifestaciones estudiantiles de 2006.
Debido a que el año pasado hubo diferencias entre lo legislado en el Senado y la Cámara de Diputados, la iniciativa fue analizada durante nueve meses por una comisión mixta presidida por el senador Ignacio Walker (DC), la que propuso cambios que fueron aprobados la semana pasada por el Senado.
En la Cámara, 76 diputados aprobaron la propuesta. En tanto, 21 -radicales y socialistas- la rechazaron y 16, principalmente del PPD, se abstuvieron.
El ministro de Educación, Joaquín Lavín, valoró el despacho de la iniciativa y reconoció que implicó bastante trabajo para su cartera. "Es primera vez que Chile crea una institucionalidad educacional para enfrentar la calidad de la educación. Esta es una ley 100% pensada para mejorar la calidad", explicó la autoridad.
Con esta norma, agregó Lavín, el país deja atrás la fase de incorporar a la mayor cantidad de niños al sistema educacional y pasa a un nuevo estadio.
"Como reforma, es tan trascendente como la que se aprobó en enero. Y respecto del cambio en la estructura del sistema educacional, es aún mayor", dijo.
De acuerdo con las estimaciones del ministerio, las nuevas instituciones deberán estar funcionando plenamente el segundo semestre del próximo año. En régimen, el costo de funcionamiento anual de la Superintendencia alcanzará los $13.111 millones, mientras que la Agencia requerirá de una inversión de $18.157 millones.
Disposiciones
La nueva norma establece que el Ministerio de Educación tendrá principalmente las funciones de elaborar los estándares de desempeño de colegios, profesores, sostenedores y escolares; elaborar las bases curriculares y los programas de estudio y someterlas a la aprobación del Consejo Nacional de Educación, y prestar asesoría técnica a los colegios que lo pidan.
Además, el Mineduc deberá elaborar cada cuatro años un plan de aseguramiento de la calidad, por el cual deberá rendir cuenta pública.
La repartición mantendrá la facultad de entregar el reconocimiento oficial para que funcionen nuevos colegios. Este es necesario para que la educación impartida por la entidad sea válida en el país. También entregará el financiamiento y establecerá los planes de evaluaciones nacionales e internacionales.
Estas mediciones serán la principal tarea de la Agencia de Calidad. Sin embargo, no sólo evaluará a los alumnos sino también directores, sostenedores y colegios a partir de los estándares que defina el ministerio. Será la institución donde se instalará el Simce.
Además, deberá clasificar a los colegios de acuerdo con sus resultados, verificar sus avances en el área de la calidad de los aprendizajes e informar a los padres sobre éstos.
La Superintendencia, por su parte, tendrá una labor fiscalizadora respecto del uso de los recursos públicos y privados por parte de los establecimientos. Estos deberán rendir cuenta pública ante la comunidad educativa sobre el manejo de los fondos.
También se encargará de recibir denuncias y reclamos de los actores del sistema y resolverlos. En el caso de los colegios privados, podrá fiscalizarlos si hay una denuncia en su contra.
De acuerdo con las infracciones que se detecten -que fueron calificadas como graves, menos graves y leves- podrá aplicar sanciones que van desde amonestaciones y multas de distinto tipo, hasta la pérdida del reconocimiento oficial.
En el caso de mal funcionamiento del colegio, la Superintendencia podrá nombrar un administrador provisional. Se entenderá por mal funcionamiento, desde mantenerse por cuatro años en la categoría de desempeño insuficiente hasta el no pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores por dos meses consecutivos o en tres ocasiones en un plazo de seis meses.
Expertos consideran vital la puesta en práctica de la ley Como una norma de gran importancia que "moderniza el sistema de gobierno de la educación chilena" calificó el académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, la ley que crea la Agencia y la Superintendencia de Educación.
El sociólogo explicó que toda la evidencia internacional muestra que la efectividad de las organizaciones es el tercer factor más importante para mejorar la calida de la educación.
"Hemos creado mejores condiciones de marco para que se desenvuelva el sistema escolar. El gran desafío del ministerio será la implementación. Tendrá que ser altamente efectivo en armar estas dos instituciones, lo que implica una tarea de magnitud", dijo Brunner.
"Si uno mira la institucionalidad de otros países del mundo, este es un paso adelante", afirmó el investigador del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer, al referirse a la aprobación del proyecto de ley.
"Desde el punto de vista del funcionamiento del Estado en educación, es mucho más razonable de lo que tenemos hoy día. El Estado se reserva para sí el control de los desempeños y el resguardo de los derechos y deja a los colegios un poco más autónomamente hacer su gestión", sostuvo.
En cuanto a la implementación que debe realizar el Mineduc, el que calificó como un proceso gigantesco, afirmó que el sistema fácilmente se demorará cinco años en estar en funcionamiento pleno.
"Esta aprobación ayuda a terminar de poner en marcha un esquema que se planteó en 2007, porque hasta ahora estábamos en período de transición". De esta forma, el encargado de educación de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Troncoso, comentó el hecho de que la creación de la Agencia y la Superintendencia se consideran en la Ley General de Educación, que fue promulgada en 2009.
Troncoso reconoció que existen altas expectativas respecto del impacto que la norma pueda tener en la calidad de la enseñanza.
"Lo importante es que esto se traduzca en mecanismos que garanticen mejor calidad. Más que la ley en sí, importa cómo se implementa finalmente", dijo el experto.
Altos cargos provisorios deberán ser nombrados dentro de dos meses Los expertos coinciden en que la misión de llevar a la práctica las disposiciones contenidas en la ley será una tarea de gran envergadura. De hecho, el Mineduc trabaja desde hace meses en la forma en que se implementará la ley.
Una de las primeras acciones que hará el ministerio será proponer al Presidente los nombres de las personas que ejercerán provisionalmente como superintendente y secretario ejecutivo de la Agencia mientras se eligen a los definitivos por la Alta Dirección Pública.
"Ahora vamos a empezar a evaluar nombres. Son cargos demasiado trascendentes para el sistema educacional nuevo que se crea a partir de esto, entonces hay que verlos muy bien", afirmó el ministro de Educación, Joaquín Lavín.
La autoridad destacó que entre los aspectos a considerar al momento de la implementación están las plantas funcionarias de las dos instituciones: 350 personas en la Agencia de Calidad y 450 para la Superintendencia.
Esta última, dijo el ministro, "tendrá oficinas en cada región, porque va a ser una especie de Sernac de la educación, donde los papás pueden recurrir cuando tienen reclamos contra los colegios. La Agencia, en cambio, estará en macrozonas, por lo tanto habrá una en la zona norte, otra en el centro y otra en el sur".
Como parte de los funcionarios del Mineduc pasarán a estas nuevas instituciones, se deberán establecer los procesos de postulación y selección para los cargos.
Al interior de la secretaría de Estado, agregó Lavín, también deberán potenciarse algunas de las tareas que quedaron en sus manos. "Tenemos que darle más fuerza a la asesoría técnico pedagógica, porque el ministerio tendrá principalmente dos funciones en el futuro: ser el organismo rector y por lo tanto establecer las políticas públicas para educación y, segundo, apoyar a los colegios que tienen problemas en su evaluación", explicó.
De las actuales funciones ministeriales, la Superintendencia se quedará con lo que hace la oficina 600 Mineduc en términos de resolver denuncias y reclamos, además del trabajo de los inspectores de subvenciones. Muchas de sus funciones, en todo caso, son completamente nuevas.
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''Todo esto se juega en que lo hagamos bien, que creemos esta nueva institucionalidad rápido, pero, a la vez, que esté bien hecha, en los reglamentos"
JOAQUÍN LAVÍN
MINISTRO DE EDUCACIÓN
