Una apuesta crucial por el siglo XXI
Por Alan García Pérez. Presidente dela República
En las últimas semanas, gracias a la concesión de facultades legislativas por el Congreso, se ha promovido una gran transformación jurídica en el Estado que permitirá a nuestro país avanzar por el camino de la modernidad, la velocidad administrativa, la inversión y el empleo. Así, aprovechará las extraordinarias condiciones del mercado mundial.
I. TRANSFORMAR EL ESTADO
Está en marcha una reforma profunda que es la descentralización municipal y regional, pero ella no es suficiente. Por eso el Gobierno propuso la Ley del Silencio Administrativo Positivo (Ley 29060 y D.L. 1029), pero ahora ha lanzado una propuesta más audaz.
No podrá haber reforma del Estado sin evaluación y capacitación de los funcionarios. Para ello se ha creado la Autoridad Nacional del Servicio Civil (D.L- 1023) encargada de dictar las normas de evaluación, estímulo y sanción del empleo público (D.L. 1025). Esa autoridad selecciona mediante un concurso transparente y apolítico un cuerpo de gerentes públicos para la gestión técnica del Estado que recibirán por ello ingresos mayores que los funcionarios políticos (D.L. 1024). Además, los gobiernos regionales y locales quedan facultados mediante un régimen especial a modernizar sus cuadros administrativos (D.L .1026).
Es la reforma de los recursos humanos de la administración e impulsará mayor eficiencia y mejor trato al ciudadano, pues quien no cumpla esos requisitos, después de ser capacitado, no podrá continuar como funcionario pagado por el pueblo.
Una nueva Ley de Contrataciones del Estado facilitará los contratos y licitaciones (D.L. 1017) y se constituye un nuevo Organismo Superior de Contrataciones, dejando a los gobiernos regionales y municipales un mayor nivel y cuantía en las decisiones definitivas. También se permite delegar a estos la declaración de viabilidad de los proyectos (D.L .1005), se crea el régimen de adquisiciones estatales a través de la Bolsa de Productos (D.L. 1063) y, para dirigir el sistema de compras con idoneidad y moralidad, el organismo de compras estatales, Perú Compras (D.L. 1018).
Con la nueva Ley de Aduanas (D.L. 1053) se agiliza y transforma el ingreso y salida de productos del país adecuándolos a las reglas mundiales y se crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior (D.L. 1036), que simplifica los procedimientos del comercio.
El Estado, eterno acreedor en reclamos por privatizaciones, deudas tributarias, ventas de activos, nunca recuperó esos montos. Por ello se faculta la venta de esas acreencias en actos públicos y transparentes (D.L. 1006) a quienes paguen su precio de mercado y deseen recuperarlas, con lo que el Estado tendrá recursos para compensaciones agrarias y gastos sociales.
Un tema esencial en la reforma es la creación del Ministerio del Ambiente (D.L. 1013) como institución especializada, la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (D.L. 1078), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (D.L. 1085), la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.L. 1090) y la regulación minera ambiental del almacenaje de concentrados mineros (D.L. 1048), así como la participación de terceros en la remediación de pasivos ambientales (D.L. 1042).
Adicionalmente, se ha promulgado la Ley del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación del Agua (D.L. 1083), y para cumplir ese fin se ha constituido el Sistema Nacional de los Recursos Hídricos (D.L. 1081) que articula su gestión multisectorial. También, la Ley General de Semillas (D.L. 1080) y la Ley de Inocuidad de los Alimentos (D.L. 1062) que garantiza los derechos de los consumidores. Todas ellas permitirán a los productos peruanos tener libre acceso a los mercados mundiales.
Finalmente, se ha aligerado y agilizado la estructura del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (D.L. 1088) y se han dictado las normas de la nueva estructura del Ministerio de Agricultura que fomenta la producción (D.L. 997) y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (D.L. 1047).
II. AUMENTAR EL CRECIMIENTO Y FOMENTAR LA INVERSIÓN
Para generar más empleo y aumentar la producción obteniendo mayor tributación, el Gobierno ha promulgado audaces medidas que darán su fruto en los próximos meses y años.
Con una gran velocidad en la inversión y en el crecimiento que ahora se proyecta a más del 8%, el aumento del empleo formal y la reducción de 5 puntos de la pobreza en el año 2007 se demuestra acierto. Pero eso no es suficiente para alcanzar a las economías más competitivas. Necesitamos más inversión, más empleo y mejores servicios. Para ello abrimos nuevos mercados mediante los tratados de libre comercio y nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas.
Para ello, se modifica la Ley General de Pesca (D.L. 1027) y se establece el límite máximo de captura de anchoveta por embarcación (D.L. 1084) ordenando el sistema de extracción y permitiendo que parte de la flota actual se reoriente al consumo humano directo en el que el Perú tiene cuotas de consumo por habitante muy bajas, lográndose así también el cuidado del ambiente y de la biomasa extraíble.
Pero el uso de tierras eriazas y recursos mineros ha sido detenido largos años por el régimen de concesiones y denuncios sin metas temporales de inversión. Por eso se modifica la Ley General de Minería (D.L. 1010) para promover su puesta en acción. Un nuevo marco normativo eléctrico (D.L. 1041), la Ley de Generación Eléctrica con Energías Renovables (D.L. 1002) y el fomento de la generación hidráulica (D.L. 1058), permitirán mayor competitividad a la producción con fuentes eólicas, solares, geotérmicas, etc., asegurando mayor calidad de vida y protección del ambiente, en tanto que se facilita la electrificación rural por el Estado (D.L. 1001).
Por primera vez, se dicta la ley que promueve el desarrollo de tierras eriazas gracias a la desalinización del agua de mar (D.L. 1007) y se norma la acuicultura en las lagunas, los ríos y el océano que permitirá más inversión en esa área desaprovechada como fuente de alimentación y empleo (D.L. 1032).
Todas estas son medidas de fomento a la inversión, como lo son también la Ley de Iniciativas Público-Privadas, la Ley de Acceso a la Infraestructura de Telecomunicaciones (D.L. 1019) que permite el uso compartido de las bases físicas para mayores servicios; la Ley de Inversión Privada en Frontera Agrícola (D.L. 994), las compensaciones para la productividad agraria (D.L. 1077) y los decretos legislativos de promoción de la vivienda de interés social (D.L. 1037) y sobre la ampliación de las normas y subsidio del programa Techo Propio que deben impulsar aun más la construcción.
Para fomentar la apertura de nuevas áreas a la inversión, se ha relanzado y fortalecido el Banco Agropecuario (D.L. 995), se ha unificado los procedimientos de decisión de la mitad más uno de todos los miembros de las comunidades campesinas (D.L. 1015) facilitando así su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etc., que saquen de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria.
Y si el concepto clásico de la reforma agraria atacaba el latifundio, también se plantea salir del minifundio estableciendo un límite mínimo de 20 hectáreas a constituir por campesinos asociados bajo una sola dirección técnica, para poder contar con créditos y ayuda del Estado (D.L. 1020). Finalmente, se propone el mejoramiento de la actividad empresarial del Estado y la mayor competitividad de sus empresas (D.L. 1031), se facilita la inversión de los fondos privados de pensiones para dar mayor rentabilidad a los trabajadores pensionistas (D.L. 1008), se reprimen las conductas anticompetitivas tal como lo exigen las nuevas normas internacionales (D.L. 1034) y se norma la erradicación de la competencia desleal (D.L. 1044) para la eficiencia del mercado y la mayor competitividad.
Con los mismos objetivos se precisan las actividades de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) liberando los fondos privados (D.L. 1061); se facilita la acción de los fondos de inversión (D.L. 1046) y se aprueba la Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas de Inversión para la Infraestructura y la Generación de Empleo (D.L. 1012), permitiendo la constitución de comisiones especiales de privatización en cada uno de los ministerios.
III. CALIDAD EDUCATIVA Y COMPETITIVIDAD TÉCNICA
El Gobierno tiene como meta histórica la erradicación del analfabetismo. Más de 1 millón de peruanos han sido alfabetizados en estos 2 años, se ha establecido un sistema de evaluación de los docentes y las instituciones educativas, un sistema de capacitación universitaria para 100.000 profesores, un programa de tecnología digital y computadoras y un plan de supervisión familiar de los contenidos y metas logrados por el alumno.
Pero, para mejorar la calidad de la educación se ha suspendido la creación de facultades de educación e institutos pedagógicos (D.L. 998) y se ha dictado la Ley de Normalización y Acreditación de la Calidad de los Servicios Educativos que eleva su exigencia (D.L. 1030). También se ha creado un amplio plan de becas a estudiantes de escasos recursos (D.L. 1066) y se han dictado normas precisas para el reconocimiento de los títulos extranjeros, el aporte de profesionales del exterior en la educación y los estímulos económicos y tributarios para la formación tecnológica industrial en minería, gas, agroexportación, entre otras (D.L. 1087 y D.L. 998).
IV. GENERAR EMPLEO DECENTE Y FORMALIZAR EL TRABAJO
Para crear más empleo decente con derechos se ha dictado el Decreto Legislativo de Promoción de la Microempresa y Pequeña Empresa, a fin de alcanzar la formalización de millones de trabajadores con su acceso progresivo a la seguridad social, al derecho jubilatorio, a las vacaciones e indemnizaciones, para lo que el Estado compromete su aporte, así como la reducción de las cargas tributarias de esas empresas (D.L. 1086). Con el mismo objetivo se ha promulgado la ley de tercerización del trabajo, precisándose las normas para evitar efectos negativos en las microempresas y el empleo actual (D.L. 1038) y se dictó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería (D.L. 1040).
Muy importante es la creación del Contrato Administrativo de Servicios para regularizar la situación de 81.000 trabajadores del sector público, contratados y recontratados como "Servicios No Personales" y que en adelante tendrán derecho al descanso anual, a la jornada de trabajo, al aseguramiento de salud y a participar en un fondo de pensiones (D.L. 1057).
Para el empleo se han dictado normas para facilitar la inversión privada en programas sociales (D.L. 996), con lo que las empresas y autoridades podrán aplicar velozmente los recursos de los fideicomisos. También se ha creado un régimen temporal de formalización y titulación (D.L. 1089) que permitirá legalizar la propiedad rural, facilitando el crédito y la inversión en esa área.
V. AGILIZAR LA ACCIÓN PÚBLICA
Para librar al ciudadano y al Estado de procesos interminables, se ha dictado la ley que regula el proceso contencioso administrativo (D.L. 1067), agilizando los procedimientos de conciliación y dándoles mayor carácter definitorio (D.L. 1070) y se han mejorado los procedimientos de arbitraje reduciendo sus costos (D.L. 1071), así como la legislación notarial para garantizar la seguridad de los actos (D.L. 1049) y el sistema concursal (D.L. 1050).
Con esas y otras disposiciones nuestro país dará un gran salto hacia la modernidad y el desarrollo social y el crecimiento alcanzará a todos los hogares, especialmente a los más humildes.
Esta es la enorme apuesta por la modernidad y por el siglo XXI.
Todavía pesan sobre nosotros la ilusión del siglo XIX por la simple distribución y también la ilusión del desarrollo autónomo que condujo al endeudamiento. Y está la actitud clientelista y parasitaria de quienes creen que sin trabajo, sin inversión y sin tecnología se puede repetir la ilusa leyenda del "mendigo sentado en un banco de oro", cuando la realidad es que para extraer el oro y la riqueza deberemos trabajar con esfuerzo y con el concurso de una tecnología que no es la de las manos desnudas y mucho menos la del discurso milagroso.
Este esfuerzo lo dedico a la juventud progresista de hoy, que está conectada con el mundo y que cree en la superación y que ya no es la vieja juventud de los años 60 ni la que espera que caiga maná del cielo. Yo sé que ella me comprenderá y me apoyará en este trabajo.
Si yo gustara de la comodidad y de no exigir esfuerzos no hubiera promovido todas estas normas que buscan cambiar el Perú, pero creo que nuestro deber es ayudar al nacimiento del Perú moderno del siglo XXI.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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